El acuerdo, rubricado por, D. Fernando Muñoz Jiménez como Presidente del Consejo y Dª Belén López Donaire en representación del Observatorio de Integridad del Sector Público, establece un marco estable para articular actuaciones conjuntas que combinen conocimiento técnico‑académico y experiencia institucional en beneficio de la administración pública regional y la ciudadanía.
El convenio contempla la elaboración conjunta de protocolos, códigos éticos, planes de integridad y mapas de riesgo; y un amplio programa formativo que incluirá cursos, talleres prácticos, seminarios y jornadas dirigidos a administraciones, personal técnico y ciudadanía. D. Fernando Muñoz Jiménez subraya que la colaboración “reforzará nuestras herramientas institucionales para garantizar el derecho de acceso a la información, la publicidad activa y la protección de informantes”, y que, con el apoyo técnico del Observatorio, el Consejo podrá ofrecer respuestas más eficaces a los retos de transparencia y buen gobierno en la región.
Asimismo, el convenio pone especial énfasis en la aportación técnica del Observatorio para diseñar y evaluar soluciones prácticas: asistencia en el diseño de portales de transparencia, análisis de interoperabilidad y datos abiertos, definición de indicadores y cuadros de mando, y apoyo en seguridad de la información y preservación de la confidencialidad del informante. Según Dª Belén López Donaire, responsable del Observatorio, este marco permite “trasladar a la gestión pública en Castilla‑La Mancha el conocimiento especializado necesario para implantar sistemas sólidos de integridad y protección del informante”, destacando la utilidad práctica de los instrumentos técnicos que el Observatorio aportará.
La instrumentación de las actuaciones se realizará mediante acuerdos o adendas específicas que fijarán el objeto, el plan de trabajo, los medios, los responsables y, cuando proceda, el régimen económico. Para coordinar, seguir y evaluar la ejecución se constituye una comisión mixta integrada por representantes de ambas partes; la vigencia inicial del convenio es de dos años, prorrogable por acuerdo de las partes.
Ambas instituciones se comprometen al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 y la normativa aplicable en materia de protección de datos, así como a mantener la confidencialidad de la información no pública facilitada en el marco de la colaboración.
